República de Colombia
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Boletín de prensa 17 de marzo de 2011
EL ESPECTADOR
ALBERTO YEPES, NUEVO MAGISTRADO DEL CONSEJO DE ESTADO
La Sala Plena del Consejo de Estado eligió al abogado
Alberto Yepes como el nuevo integrante de la Sección Quinta de la máxima
autoridad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El civilista
reemplazará a Filemón Jiménez, quien se alejó de la magistratura al cumplir la
edad de retiro forzoso, en diciembre de 2010.
Su larga experiencia como catedrático incluye su inclusión en nóminas de
profesores como las de las Universidades Externado de Colombia, Nacional,
Politécnico Grancolombiano, Nuestra Señora del Rosario y Antonio Nariño.
En este campo también ejerció la Dirección del Programa de Derecho, la Coordinación de la Especialización en Derecho Público y fue coordinador Veedor ante la Universidad Nacional de la Universidad Surcolombiana en Neiva, Huila.
El jurista es abogado especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario, especialista también en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Constitucional.
LO PRIVADO EN APOYO DE LO PÚBLICO
Por: Ana Milena Muñoz de Gaviria
El gobierno del presidente santos y la ministra de Educación han presentado una reforma a la ley 30 de 1992 que plantea cuatro puntos esenciales: promoción de la calidad y la investigación, aumento de recursos, educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional y una gestión educativa basada en el buen gobierno.
La reforma busca un aumento de cobertura en educación superior del 37%, pues hoy sólo se atiende a 1’680.000 jóvenes, lo que significa que por fuera del sistema quedan 3’200.000. Se aspira a tener 2’200.000. Esta meta de incremento de la oferta debe estar acompañada de una mejor calidad, de tal manera que sea competitiva a nivel internacional e igualmente que la universidad rinda cuenta sobre su gestión.
El tema complejo está en la financiación, pues incluso si el Gobierno continuara aportando recursos para la universidad y la investigación y mantuviera créditos para infraestructura y para los estudiantes, son necesarios nuevos recursos. Los recursos del Estado son limitados y son muchas las necesidades, de ahí la importancia de la propuesta, que busca la complementariedad y llama a la corresponsabilidad del sector privado para que aporte recursos en busca de soluciones a las necesidades de nuestro país.
Y es que no debe haber un divorcio, lo privado puede apoyar lo público. En el mundo son numerosas las experiencias de la participación privada en proyectos de universidades públicas, lo que no implica privatización, simplemente se busca eficiencia en la gestión y un aumento de cobertura con innovación y calidad. Son muchas las formas en que se puede realizar esta asociación. Colfuturo ha sido una interesante experiencia de trabajo conjunto para financiar estudios en el extranjero, al igual que la tarea de Empresarios por la Educación para mejorar la calidad. O como han sido las grandes donaciones para edificios universitarios o fondos de becas o en el Icetex. Y es importante, como lo plantea la propuesta, que este tipo de aporte pueda incentivarse con exenciones tributarias.
Además de esta forma de participación pueden existir otras, como lo propone la ministra, al promover la inversión privada en educación superior no sólo en proyectos especiales, sino en instituciones educativas y tecnológicas, que permita aumentar la cobertura con calidad y que, a la vez, se rindan cuentas de su gestión. Adicionalmente, mayores recursos bancarios en créditos blandos para educación son necesarios. Y es claro que invertir en educación es rentable, no sólo económicamente, sino socialmente para construir un mejor país.
El otro frente que tendrá la ministra es la oposición de la universidad pública, que cree que la reforma es un comienzo de privatización y que hay improvisación en la ley, como dice el rector de la Nacional. Pero de lo que se trata es de definir otro modelo de Estado, que permita resolver las necesidades de toda la población y no privilegiar a unos pocos. Necesitamos más educación y más oportunidades para nuestros jóvenes.
CHEQUE EN BLANCO
Por: Ernesto Yamhure
Las facultades extraordina-rias para reformar el Estado son una obsesión para el Gobierno. En aras de lograr su aprobación, no les importó el receso constitucional del Congreso y llamaron a extraordinarias.
La idea de abrir nuevos ministerios y reorganizar algunas entidades surgió después de la elección del nuevo presidente. Durante la campaña esos asuntos no merecieron mayores explicaciones.
No son pocos los congresistas que tenían reparos al proyecto aprobado esta semana por cuanto éste es, sin muchos rodeos, un cheque en blanco. El Gobierno tiene facultades ilimitadas para crear, escindir y cambiar la naturaleza de entidades, tal y como se lee en el texto votado.
El Partido Conservador, que tenía argumentos sólidos para demandar que el deseo gubernamental tuviera límites, se extravió en peleas inconvenientes por cuenta de las gravísimas denuncias sobre corrupción de algunos de sus legisladores.
Era necesario que las facultades fueran alinderadas, enunciando puntualmente cuáles entidades podían ser reformadas. Los conservadores tenían el deber de ponerle un cercado al texto, pero la angustia de unos pocos —que abusaron de sus investiduras para meter las manos en el manejo de bienes mafiosos— liquidó la discusión fundamental.
Una de las primeras decisiones del gobierno anterior fue la de fusionar ministerios. Consideraba el presidente Uribe que no era necesaria la existencia de algunas carteras que en la práctica no servían para nada.
Recordemos también que hubo unas embajadas que fueron cerradas, pues se habían convertido en venas rotas para el pago de favores políticos. Y hablando de aquello, llama la atención el cambio temperamental de la canciller Holguín. Hace seis años renunció furiosa a la misión de Colombia en la ONU porque, según ella, la oficina se había llenado de recomendados del presidente Uribe. Lo que otrora mereció una dimisión suya, hoy es una práctica que ella aplaude cuando no se mide en elogios por los continuos nombramientos de los amigos del presidente Santos en las sedes diplomáticas. ¡Cómo hemos cambiado, doña María Ángela!
Continuando con el asunto de las facultades, el Gobierno tiene 180 días para reformar la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Inpec, el DAS, el Incoder, Inco, Ingeominas y al cuestionadísimo campeón mundial en materia de contratación irregular: Fondelibertad.
El ministro Vargas Lleras aseguró que la reforma de estas entidades se constituirá en un golpe fundamental a la mala administración. No está de más hacer la siguiente reflexión: las entidades no son corruptas. Ésta es una práctica de los funcionarios. Resulta contradictorio que el Gobierno justifique este remezón administrativo para depurar a unas entidades señaladas de estar involucradas en actos corruptos y al mismo tiempo envíe el mensaje populista de que las plantas de personal seguirán intactas para evitar eso que han llamado “masacre laboral”.
Una verdadera arremetida contra la corrupción empieza por una revisión minuciosa del proceder de los funcionarios. Pretender extirpar la corrupción dándoles una mano de pintura a las fachadas de las entidades intervenidas o rebautizándolas, es de grosera candidez.
Ese fue el debate que no se dio en el Congreso. El conservatismo tenía intención de hacerlo, pero las preocupaciones de unos senadores enredados en el manejo de edificios, lotes, fincas y dineros de los mafiosos fueron superiores. A esos personajes de bajísima estatura moral les dejo una frasecita de Laureano Gómez: ¡Ay del Partido Conservador si rompiendo sus tradiciones y disciplinas se deja invadir por las estériles agitaciones politiqueras!
CARACOL RADIO
MAGISTRADO QUE LLEVABA EL CASO DE SANTOFIMIO TERMINÓ SU PERIODO EN LA CORTE SUPREMA
El Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia, Jorge Luis Quintero Milanés, se retiró ya que cumplió los ocho años reglamentados por la Constitución para mantenerse en este cargo.
El término del periodo de Quintero Milanes en el alto tribunal conlleva a que todos los procesos que tenía en su poder queden interrumpidos momentáneamente, entre ellos uno de los más latentes la situación del ex ministro, Alberto Santofimio Botero, vinculado a la investigación por la muerte del ex candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento.
Después de octubre del 2008 cuando se profirió la determinación de segunda instancia absolviendo a Sanofimio Botero no hay una definición de este caso que fue apelado por la familia de Galán.
La situación en la actualidad ante la salida del magistrado no es tan caótica como pareciera ya que el nuevo magistrado que remplaza al saliente es José Luis Barcelo, magistrado auxiliar del despacho quien conoce el caso no deberá arrancar de cero.
Lo cierto es que la definición de este caso en el que la Corte deberá definir si se queda con la determinación de primera instancia que condenó a 24 años al ex ministro o si se decide por la de segunda instancia del tribunal que absolvió al político.
Por lo pronto el nuevo magistrado se posesionara este 18 de marzo y hacerse cargo no solo de este cargo sino de muchos mas varios de ellos relacionados con la “para-política”.
Hay que recordar que Alberto Santofimio fue capturado por la Fiscalía el 12 de mayo de 2005 y luego recobró la libertad.
Se le acusó de haber concertado el homicidio junto con miembros del cartel de Medellín, por considerar a Galán un peligro para sus aspiraciones políticas.
Los testimonios de John Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, brazo derecho de Pablo Escobar, jefe de los sicarios del Cártel de Medellín y responsable de la logística del asesinato de Galán, determinaron una nueva investigación en su contra.
“Pablo, mátalo”, fueron las palabras que, según ‘Popeye’, le oyó en varias conversaciones con Escobar a Alberto Santofimio, quien fue integrante del Partido Liberal, ministro de Justicia, gobernador del Tolima, candidato presidencial y senador.
REVISTA SEMANA
DEFENSORÍA PIDE ATENDER 800 DESPLAZADOS AFROCOLOMBIANOS DEL VALLE DEL CAUCA
Los desplazados son 191 niños, 179 niñas, 221 mujeres, 170 hombres y 46 adultos mayores, de al menos ocho caseríos de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.
El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, instó a las autoridades a brindar atención humanitaria a más de 800 pobladores afrocolombianos desplazados por el acoso de la guerrilla de las FARC y de bandas emergentes que actúan en el suroeste del país.
Los desplazados son 191 niños, 179 niñas, 221 mujeres, 170 hombres y 46 adultos mayores, de al menos ocho caseríos de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.
A través de un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo señala que, pese a que las familias comenzaron el éxodo forzado desde el pasado 4 de marzo, solo se informó a las autoridades 10 días después de lo que estaba sucediendo.
"Este evento de desplazamiento masivo es consecuencia de una sucesión de hechos violentos por parte de los grupos armados ilegales que se han venido presentando en esta zona rural durante los meses de febrero y marzo del 2011 relacionados con asesinatos de civiles y confinamientos a la población en esa zona del país", puntualiza la Defensoría del Pueblo.
Indicó que en la zona actúa el Frente 30 de las FARC y las nuevas estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial para la producción y tráfico de estupefacientes y el control de la explotación minera.
Recordó que a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría advirtió, desde diciembre del año pasado, de la dinámica violenta que se ha venido agudizando en la zona urbana y rural de Buenaventura.
Según cifras del registro único de atención al desplazamiento forzado, Buenaventura figura como el sexto municipio con mayor recepción de población desplazada con 74.573 personas (2,1% del total nacional) y el tercer municipio expulsor con 2.328 personas (2,4%).
“LA CONSTITUCIÓN DEL 86 YA NO INTERPRETABA AL PUEBLO COLOMBIANO”
El exmagistrado Manuel José Cepeda, quien participó activamente en el proceso constituyente, explicó cómo durante el gobierno de Virgilio Barco se puso la primera piedra para el cambio de la Carta Magna.
Manuel José Cepeda Espinosa, abogado de la Universidad de los Andes y Magíster de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard; ex magistrado y ex presidente de la Corte Constitucional, también fue pieza clave de la construcción de la propuesta que desembocó en la Asamblea Nacional Constituyente. Desde 1988, con sólo 27 años, se desempeñó como asesor del presidente Virgilio Barco y fue uno de los encargados de diseñar la puerta de cambio institucional más importante del siglo XX en Colombia.
El jurista habló con Gabriel Bustamante Peña sobre cómo se concibió, dentro del gobierno, la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente.
Gabriel Bustamante Peña: ¿Por qué se le atribuye a usted haber sido uno de los protagonistas de la propuesta que terminó con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente?
Manuel José Cepeda: La Constituyente tiene diversos e importantes orígenes, pero, en efecto, yo llegué de adelantar mis estudios de maestría en Harvard y fui nombrado asesor del presidente Barco. Para la época, Colombia atravesaba una crisis de violencia muy dura y parte del trabajo consistía en buscar salidas diferentes al estado de sitio y la represión para conjurar el desequilibrio de todo orden que azotaba al país. El primer documento fue un memorando donde explicábamos la posibilidad de adelantar un plebiscito para reformar la Constitución y dar salidas institucionales a la grave situación de orden público. Posteriormente, elaboramos otro memorando donde definíamos las características que debería contener una convocatoria de Asamblea Nacional Constitucional, Asamblea que luego fue concertada y delimitada por los consensos políticos que se lograron en su momento.
G.B.P.: La propuesta inicial llegó hasta la reforma de la Constitución de 1886 limitada a unos temas…
M.J.C.: Si, unos temas definidos por consensos políticos para la convocatoria de la Asamblea y un diseño jurídico, que nosotros asesoramos, que redujera los riesgos de que la propuesta fuera declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Por eso, ya para 1990, y con la legitimidad de la votación de la séptima papeleta, el presidente Barco apoyó públicamente la iniciativa y por decreto dio el aval para que se contabilizaran los votos. Posteriormente es el electo presidente, César Gaviria, quien expidió el decreto definiendo los temas de la Asamblea Nacional Constitucional y las calidades para ser miembro de la misma. Por último, en el análisis de exequibilidad del decreto, la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la convocatoria, pero declaró inconstitucional el temario dándole poder total de reforma al constituyente primario.
G.B.P.: ¿Jugó usted también un papel en el movimiento llamado la séptima papeleta?
M.J.C.: Claro, desde el principio tuve un vínculo muy estrecho con la mayoría de los líderes de la séptima papeleta. Había entablado una relación muy cercana con Fernando Carrillo debido a que estudiamos juntos en Estados Unidos y tuve una relación fluida con los demás. No me involucré como militante de la séptima papeleta por mi papel de asesor del gobierno, pero ayude al acercamiento del movimiento juvenil con funcionarios claves del Estado.
G.B.P.: La convocatoria a la Constituyente fue un proceso sui generis, ¿qué otras experiencias contemporáneas de desobediencia ciudadana se conocen que desemboquen en un cambio constitucional total?
M.J.C.: Yo no diría que fue un acto de desobediencia ciudadana, por el contrario, fue una petición del pueblo expresada en la séptima papeleta que los presidentes Barco y Gaviria supieron interpretar y viabilizar respetando las instituciones, de ahí lo clave de la sentencia de la Corte Suprema, que incluso fue más allá al declarar soberano el poder constituyente. Lo que se dio fue una adaptación al sistema colombiano de procesos constituyentes que se habían presentado, por ejemplo, en algunos Estados federales de norteamérica o en países europeos. Este proceso de cambio constitucional se dio por la voluntad política de los gobiernos de Barco y Gaviria. Barco acogió y canalizó la voluntad popular expresada en la séptima papeleta y Gaviria le dio vigencia jurídica y política para que no quedara en otra manifestación de buenas intenciones. Pero en el fondo hay una sincronía entre los ciudadanos y el gobierno de entonces respecto a que la Constitución de 1886 ya no interpretaba al pueblo colombiano.
GBP: Para usted, ¿qué hechos del momento político fueron los más determinantes para el triunfo de la Constituyente?
MJC: Primero, el magnicidio de Luis Carlos Galán y el sentimiento de repudio y movilización que despertó esta tragedia, especialmente en los jóvenes, quienes lograron la atención nacional en manifestaciones como la ‘Marcha del silencio’. Segundo, el desafío del narco-terrorismo al Estado colombiano, el sentimiento de angustia que embargó al país al no tener capacidad de respuesta ante la arremetida de la criminalidad organizada y la urgente necesidad de fortalecer las instituciones, desgastadas bajo la figura del estado de sitio, por medio de la participación ciudadana. Tercero, la búsqueda de la paz con los grupos armados, que son un factor determinante en la convocatoria y la conformación del ideario de la Constituyente. Procesos como los del M-19, el EPL, el PRT o el Quintín Lame, iniciados en el gobierno del presidente Barco, fueron definitivos para la posterior Asamblea Nacional Constituyente. Y cuarto, el liderazgo y la continuidad de los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, sin cuya voluntad política y apuesta por la Constituyente habría sido imposible tener una Asamblea Nacional de carne y hueso.
GBP: De las expectativas generadas en el proceso de construcción de la Constituyente, ¿qué deudas le quedan hoy al país por cancelar?
MJC: Sin lugar a dudas, una es la transformación de las costumbres políticas. Con la Constitución de 1991 hubo avances, se presentaron nuevos liderazgos, se incluyeron a las mujeres y a las minorías étnicas, pero no ha sido suficiente para recuperar a la política como un mecanismo de transformación social y en un medio para solucionar los grandes problemas del país. Otra gran deuda es la generación de espacios democráticos de igualdad social, y por último, queda pendiente desarrollar la eficacia de los derechos, que la gente pueda en realidad gozar de sus garantías constitucionales.
GBP: La Constituyente fue un gran pacto de paz, ¿por qué después de 20 años la violencia no termina e incluso parece agudizarse en Colombia?
MJC: Lo primero que hay que decir es que la violencia no es culpa de la Constitución de 1991. La Carta cumplió con abrir espacios de participación política y ciudadana, que deslegitimaron la violencia como forma de alcanzar el poder. Sin embargo, mientras subsista el narcotráfico, podemos dar todos los pasos de inclusión social y política que queramos, pero seguirá siendo muy difícil de acabar con la violencia y la criminalidad.
LA CONSTITUCIÓN DEL 91: HIJA DEL DESCONTENTO
Por Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.
El país vivía una violencia sin par, el narcoterrorismo debilitaba al Estado, varios candidatos fueron asesinados, avanzaba un proceso de paz con varias guerrillas. En ese escenario nació la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
Desde la terminación del Frente Nacional en 1974, se comenzó a plantear en el país la necesidad de un cambio en la organización de las instituciones. Pero fue desde el Paro Cívico Nacional de 1977, con la oleada de movimientos y paros cívicos que siguieron, y desde la reanimación de la guerrilla entre 1979 y 1983 y la guerra de los carteles contra el Estado, cuando se convirtió en asunto urgente darle solución a la crisis que se había configurado. El historiador Daniel Pecaut señaló en su momento que se había llegado a un colapso parcial del Estado.
En el período de desmonte del Frente Nacional, después de las cuestionadas elecciones de 1970, varios presidentes de la República reconocieron que el Estado bipartidista había entrado en crisis en muchos aspectos. Algunos, como Alfonso López Michelsen, hablaron de “pequeña constituyente” sin que lograran materializarla.
Entre 1974 y 1984 la idea de recurrir a una Gran Asamblea Constituyente, Democrática, soberana, de amplia representación, para redefinir el Estado y buscarle salidas a la crisis, se circunscribió a círculos de intelectuales y a la propaganda de pequeños grupos socialistas. Ni en los Gobiernos ni en los Congresos de la década se reconoció que era necesario pactar una nueva Constitución, pues se pensaba en introducir apenas algunas reformas. Por eso la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se llegó a convocar sólo cuando se hizo evidente la ingobernabilidad y se dio un auténtico levantamiento ciudadano en contra de la violencia y contra la clase política tradicional que había sido en muchas regiones cooptada por las mafias del narcotráfico.
Con la sociedad civil
En el Primer Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos, efectuado en Bogotá en julio de 1978, muchas organizaciones sociales, académicos y partidos de izquierda discutieron la idea de apelar a una Gran Constituyente.
La Asamblea Constituyente como principal escenario y mecanismo para la paz fue introducida en la agenda del proceso que propició el gobierno de Belisario Betancur en 1984. El grupo guerrillero llamado Ejército Popular de Liberación (EPL) llevó al capitolio donde funcionaron las Comisiones de Diálogo, la propuesta de convocatoria a una Constituyente, pero no logró eco suficiente.
A finales de 1987, se volvió a considerar la posibilidad de una vía especial, de excepción para la reforma del Estado, cuando la administración de Barco planteó la posibilidad de un plebiscito o referéndum. En enero de 1988, Barco llegó a proponer una papeleta separada que en las elecciones de mitaca derogara el artículo de la Constitución que prohibía los plebiscitos para darle así base a un referéndum de cambio constitucional.
En respuesta a esas iniciativas y a la profundización de la crisis y de los conflictos, se conformó en 1987 la Comisión Nacional Pro-Constituyente, que agrupó la CUT y otras organizaciones no gubernamentales, y dirigentes políticos democráticos integrados en un Comité Nacional de Unidad.
En las “Mesas de Análisis y Concertación”, conformadas para impulsar la desmovilización, la principal conclusión consignada en el documento firmado en mayo de 1989 por los delegados de los partidos liberal y conservador, asesores del Ministerio de Gobierno y delegados del M-19, Colombia Unida, Democracia Cristiana, militares, retirados, voceros sindicales y otros, fue pedir:
“Que la Ley de referéndum y una vez modificado el articulo 218 de la Constitución Nacional, incluya la CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE AMPLIA REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL”. Firmado en el Capitolio Nacional, el día 20 de mayo de 1989.
Entre los firmantes de este pacto están: Gustavo Gallón, René Ramos, Diego Uribe Vargas, Alirio Caicedo, Otto Ñañez, Camilo González Posso, General (r) Hernando Zuluaga, Aurelio Iragorri.
La conclusión de esa Mesa de Concertación tiene la importancia histórica de ser el primer documento suscrito entre los voceros de los partidos, del Gobierno, de organizaciones sociales y de un grupo insurgente, que recomienda a la Asamblea Constituyente como vía para el cambio institucional y para formalizar un Tratado de Paz.
El ambiente favorable a la constituyente se expresó masivamente en la marcha del silencio que el 25 de agosto de 1989 acompañó la protesta por el asesinato de Galán y que luego derivó en la solicitud proconstituyente entregada al presidente Barco con más de 35.000 firmas recogidas por estudiantes y docentes de las Universidades del Rosario, Andes, Javeriana, Externado, Jorge Tadeo Lozano, Gran Colombia, el Bosque, Sergio Arboleda, Sabana y la Salle.
LA SÉPTIMA PAPELETA EN LAS ELECCIONES DEL 11 DE MARZO DE 1990
La Asamblea Nacional constituyente fue convocada como consecuencia inmediata de la irrupción en las urnas de una papeleta de voto, que centenares de miles de ciudadanos depositaron el 11 de marzo de 1990. Ese día se realizaron votaciones para elegir: alcaldes, concejales, diputados, representantes a la Cámara, senadores y candidato en la consulta liberal.
Ningún otro voto estaba autorizado por el Gobierno o las autoridades electorales, pero a pesar de eso la gente acogió multitudinariamente el llamado a incluir una “séptima papeleta” que tuvo dos leyendas, una elaborada por el Comité Pro Constituyente y otra basada en esta versión pero que le dio una forma jurídica más técnica y fue difundida por el periódico El Tiempo y por muchos grupos de estudiantes y candidatos a las elecciones de marzo de 1990, Carlos Pizarro entre ellos. La confluencia del movimiento juvenil encabezado por las universidades privadas de Bogotá y el movimiento proconstituyente vinculado a los pactos de paz fue la base de la gran convocatoria.
Los principales hechos
¿Cómo se llega en una sociedad como la colombiana a ese hecho inusual de que millones se pongan de acuerdo para tomarse las urnas en un auténtico plebiscito de hecho?
Una situación de esta naturaleza se generó porque permitió que se expresara el descontento desde muchos sectores:
• La violencia sacudió a la sociedad. Los asesinatos políticos se contaron por miles. Los grupos paramilitares proliferaron sin control y las autodefensas paramilitares pasaron de ser instrumentos de contrainsurgencia a grupos de choque del narcotráfico.
• La violencia del narcoterrorismo, encabezada por Pablo Escobar, se volvió contra el establecimiento en la guerra contra la extradición.
• En plena campaña presidencial, el principal dirigente liberal del momento, Luis Carlos Galán, fue asesinado por los carteles de la droga. Este magnicidio desencadenó una movilización de sectores liberales, especialmente de jóvenes, a favor de la reforma anticlientelista por la vía del referendo o de una Constituyente.
• La guerra entre el Gobierno y el narcoterrorismo fue declarada por el presidente de la República.
• Importantes personalidades fueron asesinadas, como ocurrió con el director de El Espectador, don Guillermo Cano, por tomar abierto partido contra la presencia de los narcos en la política y a favor de la extradición.
• Los atentados terroristas proliferaron en las ciudades y se contaron por cientos los policías asesinados en las calles de Medellín.
• El dirigente de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal fue asesinado, y se incrementó el genocidio contra esa agrupación.
• Las negociaciones de paz con el M-19 avanzaban en medio de un ambiente de guerra en otros frentes y sin respaldo en la clase política o en las altas esferas de poder.
• La atención política se centró en el Congreso de la República porque en la segunda mitad de 1989 tenía que decidir sobre la reforma constitucional que intentaba dotar al Estado de mejores instrumentos de fuerza, y, simultáneamente, tenía que sancionar pactos de paz con el M-19 sobre la favorabilidad política para su desmovilización y transformación en movimiento legal.
• El descrédito de las maquinarias de los partidos liberal y conservador y del parlamento llegó a sus mayores niveles cuando los escándalos permanentes por corrupción y clientelismo, por los manejos de los auxilios, se sumó la evidencia de fuertes influencias del narcotráfico.
El fracaso de la reforma constitucional y el hundimiento con ella de los pactos de paz que debía aprobar el Congreso mostraron la crisis en toda su dimensión y el bloqueo del gobierno para propiciar un escenario para el cambio institucional o el Pacto por la Paz.
En esas condiciones la alternativa a la guerra y al descrédito de todas las esferas del Estado sólo podía surgir desde afuera de las instituciones y por una alianza entre fuerzas populares impulsoras de un cambio y sectores de las clases gubernamentales que comprendían que si no había renovación en los partidos, un debilitamiento del clientelismo y de la incidencia de los dineros calientes en los cuerpos colegiados, todo el andamiaje del Estado se vendría al suelo.
¿Cómo se paso de la Séptima Papeleta a la convocatoria a la Asamblea Constituyente?
Nadie contó las papeletas por la Constituyente depositadas en las urnas en marzo de 1990, pero la movilización de los estudiantes y de la ciudadanía fue presentada por los medios de comunicación como un pronunciamiento a favor de cambios inmediatos. Las negociaciones de paz con el M-19 encontraron un contexto favorable y la perspectiva de una constituyente se mostró como el escenario de un pacto de paz.
Para la transformación de la protesta ciudadana en convocatoria a la Asamblea Constituyente fueron decisivos dos hechos extraordinarios: uno, la determinación del gobierno de Virgilio Barco de promulgar un decreto de Estado de Sitio que autoriza someter a consulta ciudadana, junto con las elecciones presidenciales de mayo de 1990, la convocatoria de una Asamblea Constitucional. La posición del Gobierno de acudir al constituyente primario para una reforma radical y crear condiciones de paz es un hecho que no ha sido suficientemente valorado. Dos, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que el 3 de mayo validó el decreto legislativo 927 y la sentencia del 24 de agosto de 1990 que consideró el voto mayoritario del 27 de mayo como un acto de soberanía popular y le dio carácter de constituyente soberana a la Asamblea convocada. Con este fallo se declaró también constitucional el pacto político suscrito por el Gobierno, los partidos Liberal, Conservador, Salvación Nacional y AD M-19 que definió el texto del voto de elección de constituyentes, la composición de la Asamblea, forma y fecha de elección, inhabilidades, cupos para guerrillas en proceso de paz y el período de funcionamiento.
Sobre estas bases, el 9 de diciembre de 1990, mediante tarjetón electoral colocado por la Registraduría en todas las mesas de votación, se eligieron 70 constituyentes con el mandato de redactar la nueva Constitución Política de Colombia entre el 15 de enero y el 4 de julio de 1990.
LA SÉPTIMA PAPELETA
por Camilo González Posso
Un voto extrainstitucional no sólo sirvió para impulsar cambios en las instituciones, sino también los acuerdos de paz con varios grupos guerrilleros.
Todavía no se ha contado la historia menuda del movimiento que llevó a que millones de colombianos depositaran en las elecciones de marzo de 1990 un voto a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente dirigida a instituir la democracia participativa como pacto nacional para la paz.
Parte de esa historia se hizo en una mesa del Hotel Continental en Bogotá, cuando con algunos amigos de la revista Debate le propusieron a Carlos Pizarro que ante el hundimiento de piezas claves del pacto firmado con el gobierno Barco que figuraban en la fallida reforma constitucional, se llamara a un voto adicional para que los colombianos se pronunciaran por la paz y por una constituyente para la democracia.
El primer borrador se redactó en una servilleta y los coautores Alberto Caicedo y Adriana Velásquez, conocidos como parte del grupo de los 12 apóstoles delegados por el M-19 para las mesas del diálogo, fueron los encargados de llevarlo a Santo Domingo, donde se concentraba la comandancia de esa agrupación a la espera del cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno y del Congreso para pasar a la desmovilización total.
Pizarro dejó en remojo la iniciativa mientras firmaba sin condiciones el acuerdo de incorporación a la civilidad, pero la retomó a finales de febrero de 1990 como parte de su campaña a la Alcaldía de Bogotá. Su lema fue "Constituyente en movimiento". El borrador del Continental se propuso sin mayor eco a la CUT y en diciembre de 1989 fue acogida por los dirigentes de FETRACUN que lo publicaron en su periódico. Pero fue en la Comisión Pro Constituyente que se había integrado desde 1985 donde se le dio forma al texto que se publicó en el diario El Espectador con la propuesta a la familia Cano de cambiar su llamamiento al Voto en blanco por la invitación a convocar una Asamblea Constituyente, mediante un "Plebiscito Popular".
En la sede de la Democracia Cristiana, con un grupo designado por la Comisión Proconstituyente, redactamos uno de los dos textos que serian divulgados masivamente. Alirio Caicedo y Diego Arango fueron anfitriones, y contribuyeron, entre otros, Armando Novoa, el constitucionalista y columnista de El Espectador Santiago Peña, Guillermo Cardona, Jaime Zuluaga Nieto, Jorge Regueros y el general Matallana. A esa cita concurrieron Fernando Carrillo, entonces profesor en la Universidad de los Andes, y algunos estudiantes (Jaime Ortiz entre ellos) que manifestaron interés en el tema y reparos a la técnica jurídica del texto propuesto. En la columna del doctorPeña se hizo la presentación en público del voto. Los primeros miles de papeletas se imprimieron en papel verde, con la idea fallida de publicitarlo como el "voto verde".
No conocimos la historia íntima del trabajo de redacción en el grupo de estudiantes, ni ellos la han escrito todavía. Es una tarea pendiente de Fabio Villa, Catalina Botero, Ana Maria Ruiz y sus amigos del Congreso Universitario de febrero de 1990.
El resultado del trabajo de redacción, promovido por Fernando Carrillo, Camilo Ospina y Marcela Monroy no nos sorprendió cuando fue dado a conocer en las Universidades Andes y del Rosario. Un grupo de profesores y estudiantes de esas universidades, que tenían comunicación fluida con Manuel J. Cepeda y otros asesores del equipo del presidente Barco, le dieron forma al texto que sería divulgado por el diario El Tiempo como la papeleta de los estudiantes, que incluyó a la democracia participativa como eje del cambio constitucional. La vinculación de las universidades privadas de Bogotá tuvo una importancia decisiva, pues en su interior se animaba un movimiento multitudinario que había sido protagonista de la Marcha del Silencio en agosto de 1989 en repudio al asesinato de Luis Carlos Galán.
Se habían dado al menos tres procesos, que confluyeron simbólicamente en la sede organizada en el sótano del CINEP, que sirvió ante todo al núcleo de estudiantes que se ubicaron a la cabeza de una convocatoria que había adquirido la dimensión de un gran acuerdo nacional resumido en la Séptima Papeleta.
Los jesuitas colaboraron mucho, incluso para pagarle a la imprenta de El Tiempo, con un cheque del Provincial, la impresión de las papeletas que distribuimos el 11 de marzo. Desde la campaña de Pizarro, la gerencia distribuyó otros millones de papeletas acogiendo el texto de los estudiantes. Y los candidatos galanistas, como Maria Cristina Ocampo, hicieron otro tanto. Fue clave la decisión de El Tiempo de publicar el voto durante varios días invitando a la gente a incluirlo de séptimo, después de las listas de ediles, concejales, alcalde, diputados, representantes y senadores.
De la necesidad de una Asamblea Constituyente se venia hablando en los partidos tradicionales desde finales del Frente Nacional y se insistió con fuerza en el Diálogo Nacional pactado por el M-19 y el EPL con el gobierno de Belisario Betancur. El 20 de mayo de 1989, en los salones del Congreso de la República, en la Mesa de diálogo y concertación sobre asuntos constitucionales, se firmó el pacto para que por la vía de la reforma al artículo 218 de la Constitución se incluyera "la convocatoria a una asamblea constituyente de amplia representación política y social".
Pero la idea de tomarse las urnas para una expresión soberana del Pueblo, con un voto extrainstitucional, se concretó en diciembre de 1989, cuando aún se sentía el duelo por Luís Carlos Galán, Guillermo Cano, Jaime Pardo Leal, y cuando la influencia de clientelistas y narco-políticos llevó al fracaso la tarea del Congreso de la República de democratizar las instituciones. Los pactos de paz firmados en Santo Domingo, Cauca, cayeron en el parlamento, pero resucitaron por camino imprevisto ese 11 de marzo, cuando la Séptima Papeleta estremeció las urnas.
LA CAMPAÑA CIUDADANA S.O.S.
Por Juan Cajas Castro*
Las organizaciones sociales jugaron un papel clave en el proceso constituyente, como veedoras, educadoras y difusoras del espíritu cívico. Esta es la historia de la campaña Viva la Ciudadanía.
La campaña Viva la ciudadanía fue el resultado de un proceso de reflexión y análisis de organismos no gubernamentales del más variado tipo, reunidos en el I Encuentro Nacional de ONG de Colombia (1987). En este encuentro se discutió, entre otros temas, la importancia del papel que debían cumplir las ONG en la construcción de una sociedad y un régimen político democrático en el país. En esa ocasión se planteó la necesidad de impulsar una campaña cívica por “la democracia, la vigencia de los derechos humanos y los derechos del pueblo”, incentivando la participación ciudadana.
Esta idea inicial fue el fundamento posterior de la campaña cívica Viva la ciudadanía, centrada en dos aspectos fundamentales de la vida política colombiana: 1) la Asamblea Nacional Constituyente y 2) el desarrollo de un proceso de apropiación ciudadana de la nueva Carta magna. Viva la ciudadanía recuperó el impulso dado por la campaña cívica “Todavía podemos salvar a Colombia”.
Uno de los puntos centrales de la campaña fue la promoción de la movilización ciudadana. A partir de esta se recogieron iniciativas y demandas de diversos sectores sociales para que la Asamblea Nacional Constituyente las considerara y, en consecuencia, apoyara la aprobación de normas institucionales favorables a la democracia y a las mayorías nacionales. De igual modo, la campaña promovió el respaldo masivo de la ciudadanía al proceso de discusión suscitado en la Asamblea Nacional Constituyente.
Así mismo, se elevó a rango constitucional la enseñanza de la educación cívica (artículo 41) y se puso en marcha un proceso pedagógico mediante la utilización de diversos instrumentos de comunicación social, reuniones, seminarios, tanto en zonas urbanas como rurales. Se publicaron materiales impresos y audiovisuales, algunos con un tiraje quincenal de 35,000 ejemplares, como el periódico Caja de herramientas. El texto constitucional fue difundido de manera masiva por Viva la ciudadanía. La difusión incluyó sectores de la población tradicionalmente descuidados por el Gobierno. Esto contribuyó al conocimiento y a la aceptación de los nuevos contenidos constitucionales.
Todas las organizaciones que participaron en el diseño y el desarrollo de la campaña eran de carácter no gubernamental y no tenían fines de lucro. Igualmente, fueron partícipes de la campaña otras instituciones privadas y algunas dependencias del Gobierno (de salud y educación), instancias que incluso contribuyeron en la realización de diferentes eventos en los niveles nacional y regional. Se contó también con el apoyo de la Iglesia católica, cerca de 500 entidades y organizaciones, movimientos cívicos y entidades públicas, intelectuales y hasta miembros de grupos guerrilleros recién integrados a la vida civil. Los objetivos y las líneas de acción educativa de Viva la ciudadanía fueron dos:
1. A largo plazo: contribuir a la formación de una cultura democrática en Colombia, esto es, al fortalecimiento de los hábitos y costumbres y formas de vida democráticas.
2. A corto plazo: ejercer presión civil y política para lograr una reforma democrática del Estado que planteara trabajar por la restitución de la justicia en el país, el respeto de los derechos humanos, la ampliación de la democracia en el aparato estatal, la creación de un sistema electoral democrático, la realización de una reforma económica y social, y por el apoyo a la no violencia y la negociación de los conflictos armados.
Los destinatarios privilegiados de Viva la ciudadanía fueron las organizaciones sociales y comunitarias, los grupos urbanos y rurales, los estudiantes, los medios de comunicación, el Congreso y los partidos políticos, fundamentalmente.
PRIMEROS APUNTES DEL 'REVOLCÓN' AL ESTADO
El DAS y la Dirección Nacional de Estupefacientes serían dos de las entidades que mayores transformaciones tendrían. El INPEC, INGEOMINAS, INVÍAS e INCO serían otras entidades que se modificarían. Así sería la reforma del Estado.
El presidente de la República tendrá seis meses para diseñar los decretos con los que reformará varias entidades de la administración central y que son adscritas a la rama ejecutiva. Sólo faltan las actas de conciliación entre Senado y Cámara para que ese periodo de tiempo empiece a cursar.
De momento, el ‘revolcón’ al Estado contempla intervención y transformación de casi una decena de entidades que, por estado crítico de corrupción o porque sencillamente no están cumpliendo a cabalidad con sus funciones, serán modernizadas.
Según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, la reforma del Estado no tiene carácter fiscalista. Esto quiere decir que no se intervendrán entidades con el propósito de reducir costos de funcionamiento por cuenta de su planta de personal.
La promesa que el Gobierno le hizo al Congreso, al reclamar las facultades extraordinarias para poder crear, suprimir y escindir nuevas entidades, es que en aquellos casos en que la reforma determine la supresión o eliminación de determinados cargos, los funcionarios puedan ser reubicados en las nuevas entidades. Aunque todo conforme a las leyes vigentes en materia laboral, que, en algunos casos, contempla concurso de méritos.
“No habrá masacre laboral”, dice el Gobierno, aunque muchos sectores políticos aún tengan la duda.
El ministro del Interior, en la discusión del proyecto de facultades, delineó algunos detalles de la forma como será reestructurado el Estado. De la casi decena de entidades a intervenir, las cirugías al DAS y a la Dirección Nacional de Estupefacientes son las más avanzadas.
Así sería el revolcón al Estado:
Del DAS a la Agencia Nacional de Inteligencia
El Departamento Administrativo de Seguridad, probablemente en seis meses, cambiará de nombre. Se crearía la Agencia Nacional de Inteligencia, una entidad de carácter civil, adscrita a la Presidencia de la República, que sólo cumpliría con funciones de inteligencia y contrainteligencia.
Las actuales funciones complementarias que desempeña el DAS serán despojadas. La protección y los esquemas de seguridad serán asumidos, en adelante, por el Ministerio del Interior. Esta transformación ya se viene presentando.
Las Funciones de extranjería serán, en adelante, competencia de la Cancillería. Las funciones de policía judicial también serán despojadas de la agencia de inteligencia. Esas funciones serán trasladadas a la Fiscalía General de la Nación.
Según la ley aprobada en cuarto debate, se ha facultado al Gobierno para reestructurar la planta de la Fiscalía e incorporar aquellos trabajadores del DAS que hoy cumplen funciones de policía judicial.
DNE, sin bienes
En el revolcón al Estado, la Dirección Nacional de Estupefacientes no cambiará de nombre, pero sí será despojada de una de sus principales funciones: la administración de los bienes incautados a las mafias y el narcotráfico.
En seis meses, esos bienes, que a través de procesos de extinción de dominio pasan a manos del Estado, serán administrados por una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.
La actual DNE se reducirá a cumplir las funciones del diseño y orientación de las políticas antidrogas.
INPEC, en evaluación
El Instituto Nacional Penitenciario, que tiene a su recaudo el manejo de las cárceles de todo el país, ha sido calificado por el propio Gobierno como “un despelote”. Aunque no será reformada, se entregarán mayores herramientas a futuros directores para reaccionar ante casos de corrupción interna.
Supernotariado, concurso de méritos
La Superintendencia de Notariado y Registro se ha convertido en una de las entidades cruciales para el actual gobierno. Por allí pasará parte de la política de restitución de tierras a los desplazados. Recientemente se han destapado casos de corrupción que comprometen a funcionarios de esa entidad en todo el país.
La reforma de la Superintendencia, más que modificar su naturaleza jurídica, pasa por una depuración interna. Se elevará el perfil de los 2.500 funcionarios, que en promedio ganan un millón de pesos, lo que los pone en alto riesgo de corrupción. Se creará una delegada para la Restitución.
Esta reforma se complementará con un proyecto de ley que el Gobierno presentará este semestre que pretende institucionalizar el concurso abierto y público, similar al de los notarios, para designar a los directores de todas las oficinas de notariado y registro en el país.
Del INCO a la Agencia nacional de Infraestrutura
El ministro de Transporte, Germán Cardona, pidió las facultades para reformar dos entidades adscritas a su cartera. INVÍAS y el Instituto Nacional de Concesiones. Sobre esta segunda recaen todos los procesos de licitación en materia de infraestructura.
Allí se han detectado irregularidades y por eso será objeto de reforma. Aún no hay una evaluación concreta sobre lo que allí se va a hacer, pero sí se creará, en su reemplazo, la Agencia Nacional de Infraestructura.
La nueva Agencia Nacional de Minerales
Por su parte, el ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, defendió las facultades al reclamar que en su cartera se debe reestructurar INGEOMINAS. Se crearía la Agencia nacional de Minerales, Minercol, que en adelante sería la que regule la explotación de minerales en el país.
Nueva agencia para defender a la Nación
Según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a más tardar en el mes de julio se separará el Ministerio de la Justicia y el derecho. Esa nueva cartera contempla la creación de un despacho con una jerarquía cercana a la de un viceministerio para que se ocupe de la defensa jurídica del Estado.
Se trataría de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, entidad que se encargará de evaluar los distintos aspectos que han ocasionado condenas judiciales contra el Estado, en Colombia y en el exterior, y que defienda los intereses de la Nación en futuros pleitos judiciales.
Germán Vargas Lleras dijo que las pretensiones económicas de las demandas al Estado superan 100 billones de pesos. La nueva agencia tendría juristas de elevadas calidades que afronten este tipo de demandas contra la Nación.
Aunque las facultades entregadas por el Congreso al Presidente contemplan la reestructuración de todas las entidades del Estado, el Gobierno también prometió que entidades como el SENA y el ICBF no serán objeto de reingeniería.
CMI
A INTERROGATORIO, EXMAGISTRADO POR ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN EN EL CONSEJO DE ESTADO
Un fiscal de la Unidad Anticorrupción citó para el próximo 5 de abril al exconsejero de Estado, Ernesto Rafael Ariza, a interrogatorio para que responda por su presunta responsabilidad en el escándalo de un posible tráfico de influencias en fallos al interior del Consejo de Estado.
La Fiscalía investiga las presuntas irregularidades en que habrían incurrido funcionarios que al parecer formarían parte de una red de corrupción que operaba con abogados externos para favorecer intereses de las partes en algunos procesos.
Por estas investigaciones se encuentra detenido el exoficial mayor de la sección quinta del Consejo de Estado, Carlos Arturo Fernández, quien según las averiguaciones mantenía contacto con los abogados de algunos casos y les informaba el avance de los mismos y supuestamente les pedía dinero a cambio de decisiones favorables.
Dentro de la investigación, el exmagistrado Ariza Muñoz, aparece en varias conversaciones interceptadas por el CTI. En una de ellas manifiesta estar dispuesto a dar dinero por las gestiones que Fernández estaría adelantando.
Inicialmente, Ariza negó cualquier nexo con Fernández. Sin embargo, producto de la investigación se lograron recaudar pruebas de que había asumido el pago de los estudios de especialización en Derecho Administrativo del funcionario. Ello lo obligó a reconocer su cercanía con Fernández. Pero se mantuvo en la negativa de haber hecho cualquier ofrecimiento de dinero para 'arreglar' procesos.
RCN RADIO
PIDEN REVOCAR TUTELA QUE REINTEGRÓ AL EJÉRCITO AL GENERAL ÁLVARO HERNÁN VELANDÍA
La Procuraduría General solicitó la nulidad del trámite dado a la acción de tutela en el caso del general Álvaro Hernán Velandia porque no se integró al proceso al Ministerio de Defensa, que era el ente directamente afectado.
Para la Procuraduría, se desconoció el debido proceso porque no se vinculó al Ministerio de Defensa como tercer interesado, es decir, que debió tenerse en cuenta porque hay recursos públicos de esa entidad en juego.
Agregó que se tomó la decisión de forma ilegal y en contravía de sentencias de la Corte Constitucional que unificaban sentencias del mismo tema.
Como se recuerda, el oficial fue destituido por el Consejo de Estado, que confirmó la destitución del general del Ejército, Álvaro Hernán Velandia Hurtado, por desaparición forzada.
El oficial fue destituido también por la Procuraduría por encontrarlo responsable de la desaparición, hace 24 años, de la guerrillera del M-19, Nidia Érika Bautista.
Cabe recordar que la desaparición de la guerrillera del M-19 ocurrió en Bogotá, el 30 de agosto de 1987, cuando Velandia dirigía el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del desaparecido batallón Charry Solano, unidad militar que se convirtió en la Brigada 20 del Ejército.